Constitución de 1824: Federalismo y Catolicismo Exclusivo

El 4 de octubre de 1824 se promulgó la primera Constitución Federal. Estableció una república representativa, popular y federal. Sin embargo, en materia de derechos, mantuvo una fuerte herencia colonial: declaró a la Religión Católica como única y oficial, prohibiendo el ejercicio de cualquier otra (intolerancia religiosa). La ciudadanía estaba ligada a la "vecindad" y, aunque teóricamente amplia, el sistema de elecciones era indirecto, lo que filtraba la participación popular directa.

Constitución de 1836 (Las Siete Leyes): La Ciudadanía Censitaria

Con el giro al conservadurismo, las Siete Leyes Constitucionales de 1836 instauraron el centralismo. Aunque fue innovadora al ser la primera constitución en incluir un apartado sistemático de derechos, su concepción de ciudadanía fue restrictiva y elitista (ciudadanía censitaria).

Para ser considerado ciudadano y tener derecho a voto, no bastaba con ser mexicano y mayor de edad; se requería poseer una renta anual de por lo menos 100 pesos procedentes de capital fijo, mobiliario o industria. Esto excluía a la gran mayoría de la población (jornaleros, peones) de la vida política. Además, creó el Supremo Poder Conservador, un órgano con facultades por encima de los otros tres poderes, encargado de vigilar la constitucionalidad pero que en la práctica obstaculizó el gobierno.

Bases Orgánicas de 1843: Ciudadanía restringida y privilegios

Las Bases de Organización Política de 1843, influenciadas por Antonio López de Santa Anna, radicalizaron el centralismo y la exclusión política. Eliminaron el Supremo Poder Conservador para fortalecer desmedidamente al Ejecutivo, acercándose a una dictadura legalizada.

En cuanto a la ciudadanía, las restricciones aumentaron drásticamente: para ser ciudadano se elevó la renta anual, y para ser elegible a cargos públicos, las exigencias eran aún mayores. Esto consolidó una oligarquía política, donde el poder estaba monopolizado por la élite económica, y mantuvo intactos los fueros eclesiásticos y militares, perpetuando la desigualdad jurídica estamental.

Leyes Precursoras (1855-1856): Camino hacia la Laicidad en México

Tras el triunfo de la Revolución de Ayutla (1855), los liberales asumieron el poder y comenzaron a transformar profundamente al país mediante leyes que buscaban limitar la influencia de la Iglesia y los privilegios heredados del periodo colonial. Estas disposiciones reflejaban el gran conflicto de la época: construir un Estado nacional laico frente al poder tradicional de la Iglesia. Aunque sus consecuencias fueron complejas, marcaron avances decisivos en la igualdad legal y en la modernización del Estado mexicano.

Constitución de 1857 y Leyes de Reforma:

Durante la Guerra de Reforma (1858-1861), el gobierno liberal encabezado por Benito Juárez, instalado en Veracruz bajo condiciones de gran precariedad, enfrentó militarmente al gobierno conservador establecido en la Ciudad de México. En este contexto de confrontación, Juárez y su gabinete promulgaron un conjunto de disposiciones legislativas que radicalizaron el proceso de secularización iniciado años atrás. Las Leyes de Reforma no fueron simples medidas administrativas: constituyeron instrumentos políticos y jurídicos destinados a debilitar de manera definitiva el poder material y simbólico de la Iglesia Católica, aliada del bando conservador.

Ante la Guerra de Reforma, Benito Juárez promulgó desde Veracruz las Leyes de Reforma (1859-1860), que consumaron la separación Iglesia-Estado mediante:

• Nacionalización de bienes eclesiásticos (1859).

  Superó el alcance de la Ley Lerdo (1856): en lugar de ordenar la venta de propiedades corporativas, transfirió directamente al Estado, sin compensación, la propiedad absoluta de todos los bienes eclesiásticos no destinados al culto. Los objetivos eran:

  • Político: Desmantelar la base económica que sostenía la resistencia conservadora, debilitando así el poder de la Iglesia como aliada del bando opositor.
  • Fiscal: Obtener recursos inmediatos y urgentes para financiar el esfuerzo bélico del gobierno liberal en plena Guerra de Reforma.
  • Ideológico: Reafirmar la supremacía del Estado sobre cualquier corporación religiosa, consolidando el principio de laicidad en la vida pública.
  Los bienes nacionalizados incluían haciendas, casas, conventos desocupados, capitales y créditos acumulados por la Iglesia a lo largo de tres siglos de dominio colonial. Sin embargo, gran parte de estas propiedades fueron adquiridas a precios ventajosos por especuladores y miembros de la élite liberal, lo que redujo el alcance social de la medida y limitó sus beneficios para los sectores populares.

• Matrimonio y Registro Civil (1859): El Estado asume la identidad y el estado civil de las personas, secularizando la vida social.

  La Ley del Matrimonio Civil estableció que el matrimonio debía considerarse un contrato civil, válido únicamente si se celebraba ante autoridades estatales. Con ello, se retiró al matrimonio su carácter de sacramento religioso con efectos legales y se convirtió en un acto jurídico regulado exclusivamente por el Estado. Implicaciones principales:

  • Desacralización del matrimonio: el matrimonio religioso perdió reconocimiento legal; solo el civil tenía efectos jurídicos en materia de herencia, patria potestad y derechos conyugales.
  • Introducción del divorcio: por primera vez se reconoció la posibilidad de disolver el vínculo matrimonial por causas determinadas, rompiendo con la doctrina católica que lo consideraba indisoluble.
  • Jurisdicción estatal sobre la familia: el Estado asumió el control de una institución que hasta entonces había sido monopolio de la Iglesia, redefiniendo la relación entre lo privado, lo social y lo político.
  Impacto social: Esta transformación representó un cambio radical en la vida cotidiana de los mexicanos. Generó una resistencia intensa, especialmente en comunidades rurales profundamente ligadas a la tradición católica, donde el matrimonio religioso seguía siendo considerado indispensable para la legitimidad social y moral de la familia.

• La Ley del Registro Civil

  Transfirió al Estado el control exclusivo de los actos civiles fundamentales: nacimientos, matrimonios, divorcios, adopciones y defunciones. Con esta disposición, se arrebató a la Iglesia Católica una función que había ejercido desde la época colonial a través de los libros sacramentales, y se estableció un sistema civil que garantizaba la validez jurídica de la identidad y la vida social de los ciudadanos.

• Ley sobre la Libertad de Cultos (1860): Rompe con el monopolio católico de 1824, permitiendo la libertad de conciencia.

  La Ley sobre Libertad de Cultos reconoció constitucionalmente la libertad religiosa, garantizando el derecho de toda persona a profesar la religión de su elección o a no practicar ninguna. Con esta disposición se quebró el monopolio del catolicismo como religión oficial del Estado mexicano, vigente desde la época colonial, y se abrió paso a un modelo de Estado laico. Alcances principales:

  • Libertad de conciencia: se afirmó el derecho individual a elegir libremente sus creencias sin coacción estatal ni eclesiástica.
  • Tolerancia religiosa: se permitió la existencia y práctica legal de otras confesiones en México, como el protestantismo o el judaísmo.
  • Separación definitiva: el Estado se declaró neutral en materia religiosa, consolidando la separación entre las esferas civil y eclesiástica.

Constitución Federal de 1857: El Proyecto Liberal Constitucional

Promulgada el 5 de febrero de 1857, la Constitución Federal representó un hito en la consolidación del liberalismo político en México y la culminación de las aspiraciones reformistas iniciadas con la Revolución de Ayutla. Este texto fortaleció el sistema federal frente al centralismo, estableció la división tripartita de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) como mecanismo de equilibrio político, y consagró un amplio catálogo de garantías individuales: libertad de expresión, de prensa, de asociación, de tránsito, derecho a la educación y la prohibición absoluta de la esclavitud.

• Laicidad y conflicto religioso

  La Constitución sentó las bases de un Estado laico mediante dos decisiones fundamentales: no establecer una religión oficial y reconocer la soberanía popular como origen de la autoridad política. Asimismo, incorporó principios de las Leyes Juárez y Lerdo, que limitaron los fueros eclesiásticos y la propiedad corporativa de la Iglesia. No obstante, el debate en el Congreso Constituyente fue intenso: los liberales radicales (“puros”) defendían medidas anticlericales más explícitas, mientras que los moderados optaron por un texto prudente. Esta moderación no evitó el choque con los sectores conservadores.

• Limitaciones estructurales de la Constitución de 1857

  Si bien la Constitución de 1857 significó un hito en la consolidación de los derechos individuales y en la organización política del país, también dejó al descubierto profundas insuficiencias que se manifestarían con el tiempo:

  • Ausencia de derechos sociales y económicos: El texto se circunscribió al horizonte del liberalismo clásico decimonónico, centrado en la defensa de las libertades individuales y la propiedad privada. No reconoció derechos laborales ni estableció mecanismos de justicia social o redistribución económica, dejando desprotegidos a los sectores más vulnerables de la población.
  • Problema agrario: La incorporación de la Ley Lerdo promovió la desamortización de bienes corporativos con el propósito de dinamizar la economía. Sin embargo, en la práctica favoreció la concentración de tierras en manos de grandes hacendados y despojó a comunidades indígenas y campesinas de sus territorios comunales, profundizando la desigualdad rural y debilitando las formas tradicionales de organización comunitaria.
  • Desprotección de la clase trabajadora: En un contexto de incipiente industrialización, la Constitución omitió cualquier regulación de las relaciones laborales. No fijó límites a la jornada de trabajo, ni garantizó salarios mínimos, seguridad frente a accidentes o derechos de asociación sindical. Los trabajadores quedaron expuestos a la explotación sin respaldo jurídico ni institucional.
  • Igualdad meramente formal: Aunque proclamaba la igualdad ante la ley, esta se reducía a un plano jurídico abstracto. No contemplaba medidas efectivas para reducir las desigualdades materiales entre distintos grupos sociales, perpetuando la exclusión y la inequidad estructural en la vida cotidiana.

Constitución de 1917: De las Garantías a los Derechos Sociales

Tras la Revolución Mexicana, la Constitución de 1917 transformó el paradigma constitucional mundial al sumar a las libertades individuales los derechos sociales, reconociendo que la igualdad legal no basta si existe desigualdad económica extrema. La Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 en Querétaro constituye un parteaguas no solo en la historia constitucional de México, sino también en el desarrollo del constitucionalismo mundial. Surgida del proceso revolucionario iniciado en 1910, fue producto del Congreso Constituyente convocado por Venustiano Carranza en septiembre de 1916, cuyo objetivo era reformar la Constitución de 1857 y adecuarla a las nuevas realidades sociales y políticas del país.

Lo verdaderamente revolucionario de esta carta magna fue su carácter pionero: se convirtió en la primera constitución en el mundo en incorporar derechos sociales y económicos como garantías constitucionales, junto a los derechos individuales. Con ello, transformó la concepción misma de lo que debía ser una constitución: dejó de ser únicamente un documento que limitara el poder del Estado y asegurara libertades individuales, para convertirse en un instrumento que obligaba al Estado a promover la justicia social y proteger a los sectores más vulnerables de la población.